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– Los senadores mencionaron que en enero de 2025, poco antes de que Trump asumiera el cargo, Blanch reveló entre $158,000 y $470000 en criptoactivos, la mayoría en Bitcoin y Ethereum.

El 10 de febrero, acordó vender esos activos a la primera oportunidad. Sin embargo, los legisladores señalaron que Blanche fue nombrado fiscal general adjunto el 5 de marzo y publicó un memorando el 7 de abril restringiendo el trabajo de las fuerzas del orden en el sector de las criptodivisas. Añadieron que no empezó a deshacerse de sus criptodivisas hasta finales de mayo, y que completó la venta o transferencia entre el 31 de mayo y el 3 de junio. En su apelación, los senadores dijeron que Blanch podría haber violado el 18 U.S.C. 208(a), que generalmente prohíbe a los funcionarios del poder ejecutivo participar en decisiones que les beneficien personalmente.

Según su información, el asunto está siendo examinado actualmente por la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia, y han solicitado que Blanch conserve la documentación pertinente y facilite una relación completa de cómo se puso en su conocimiento la situación, cómo se respondió a ella y qué medidas adoptaron finalmente los funcionarios de ética.

El memorando del 7 de abril titulado Poner fin a la presión reguladora a través de litigios marcó un cambio significativo en el enfoque del Departamento de Justicia sobre los activos digitales.

Blanch argumentó que el DOJ no es un perro guardián financiero y argumentó que las acciones de aplicación anteriores eran esencialmente regulación a través de demandas.

Las nuevas reglas requieren que los fiscales se centren en casos en los que los criptoinversores se vean directamente perjudicados o los activos digitales se utilicen en actividades ilegales (incluidos el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado y la trata de personas), y eviten procedimientos que involucren intercambios, mezcladores y otras plataformas cuyos usuarios puedan estar involucrados en actividades ilegales. El memorando también daba instrucciones al NCET para que pusiera fin a las investigaciones que no se ajustaran a las nuevas prioridades y disolviera formalmente el NCET.

Los legisladores afirman que ya el año pasado advirtieron a Blanch de las graves consecuencias que podría tener el debilitamiento de la aplicación de la ley. En su última carta, citaron datos que apuntan a un aumento de la actividad ilícita de criptomonedas en 2025, con TRM Labs estimando que el volumen de transacciones cuestionables alcanzó los 158.000 millones de dólares, casi un 145% más que el año anterior.