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– Argentina ha publicado un proyecto de reglamento sobre los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) para que el público lo comente.

Argentina está cambiando su enfoque sobre las criptomonedas para proteger mejor a quienes las utilizan. La Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina anunció recientemente que un proyecto de ley que regula los proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) en el país se someterá a comentarios públicos. Si la Resolución General 1.025 se aprueba en su forma actual, las empresas de criptomoneda deberán mostrar los contratos que celebren con clientes y terceros. La resolución también pretende combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo estableciendo normas y políticas de ciberseguridad. Es una continuación del registro VASP anunciado a principios de este año.

Comentando los objetivos del nuevo plan, el presidente de la CNV, Roberto Silva, dijo que la resolución tiene como objetivo “regular de acuerdo con los principios de la ley, pero no detener la innovación en esta área”. También hizo un llamamiento a las empresas de criptodivisas para que ayuden a mejorar el proyecto.

La parte más controvertida del proyecto es el cambio de la definición de las empresas de criptodivisas y el establecimiento de la cantidad mínima de capital registrado necesario para que estas empresas puedan operar en el país.

Cerca de 173.000 dólares será el capital mínimo que deberá poseer una organización dedicada a la transferencia, almacenamiento y procesamiento de activos virtuales. Podrán intercambiar monedas tradicionales y criptodivisas por criptodivisas y criptodivisas por criptodivisas sin tener que crear su propia empresa.

Los implicados en el negocio de las criptodivisas desconfían del nuevo proyecto. Dijeron que la regulación es necesaria, pero debe ser diseñada de una manera que permita a las empresas crecer.

Carlos Peralta, jefe de relaciones públicas de Bitso Argetina,

aprecia que la revisión de los requisitos del registro VASP se base en la consulta pública con el fin de promover la inclusión financiera y crear una infraestructura financiera más rápida y eficiente.